El ex ejecutivo taiwanés acusado en CDT conspiración de fijación de precios

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Por Equipo de Diginews4u ⋅ 20 de agosto 2009 ⋅

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Un gran jurado federal en San Francisco ha vuelto una acusación contra un ex ejecutivo de un tubo de color de la pantalla de Taiwán (CDT), empresa de fabricación por participar en una conspiración global para fijar los precios de los CDTs, un tipo de tubo de rayos catódicos utilizados en los monitores de ordenador y otros aplicaciones especializadas, el Departamento de Justicia anunció el 19 de agosto.

La acusación, presentada ante la Corte de Distrito de EE.UU. en San Francisco, cobra Wen Jun (Tony) Cheng, Asistente del Vicepresidente primero de Ventas y Marketing, de conspirar con anónimo co-conspiradores para suprimir y eliminar la competencia fijando los precios, reducción de la producción, y la asignación de cuotas de mercado de CDTs.

El Departamento alega que Cheng participó en la conspiración de principio al menos, tan pronto como enero de 1999 hasta al menos septiembre de 2004.

Cheng fue acusado con anterioridad, el 3 de febrero de 2009, por su participación en una conspiración global para fijar los precios de Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display (TFT-LCD).

La acusación formal alega, entre otras cosas, que Tony Cheng y co-conspiradores llevó a cabo la conspiración CDT asistiendo a las reuniones y participar en conversaciones y comunicaciones en Taiwán, Corea, Malasia, China y otros países para discutir y ponerse de acuerdo sobre los precios, la producción y el mercado acciones de CDTs. Cheng y co-conspiradores también se alega que han puesto en marcha un sistema de auditoría para verificar que las líneas de producción había sido cerrado conforme a lo acordado, y han tomado medidas para ocultar la conspiración.

Cheng es acusado de violar la Ley Sherman, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares para los individuos de violaciónes que ocurren después del 22 de junio de 2004. Las multas máximas podrá ser aumentada hasta el doble de la ganancia derivada del delito o el doble de la pérdida sufrida por las víctimas o si cualquiera de esas cantidades es mayor que las multas máximas de la Ley Sherman.

Este caso es parte de una investigación en curso conjunta por la Oficina de San Francisco de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. y el Buró Federal de Investigaciones en San Francisco.

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